Presunción de inocencia y detección de apuestas anómalas

La meta es adecuar la legislación deportiva y penal a la gran amenaza del deporte de nuestros días.
Abogado y Vicedecano de CAFD, Universidad San Jorge

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06.06.2018

El deporte profesional, y el fútbol en particular, dan para todo. Los fraudes de todo tipo (los jugadores en el campo, el empleo de sustancias y métodos prohibidos, el dóping financiero, etc.) pueden adoptar fórmulas insospechadas. A modo de ejemplo, en la etapa de crisis y proliferación de concursos de acreedores en el fútbol español se detectaron movimientos sospechosos de compra de acciones desde el entorno de terceros clubes interesados en la toma de decisiones sociales de otros (no aprobar propuestas de convenio, instar disolución, etc.), que podían determinar una plaza competicional por descenso o desaparición. En este escenario, pretender que un mecanismo estadístico de apuestas genere efectos directos e inmediatos es no sólo ilegal sino muy, muy peligroso.

Imaginemos que una entidad deportiva que milita en competición profesional y que tiene a su alcance, o que ha perdido por escaso margen, un objetivo competicional, dispone de dinero suficiente y de contactos en Asia, África o Europa del Este. Imaginemos que esa entidad no, pero que el millonario propietario de la misma sí, o las empresas propiedad de éste, o en defecto de los anteriores, el patrocinador (también millonario) de la entidad, de su camiseta, de su estadio o de alguna de sus estrellas, o un fondo de inversión con el que opera, o...

Imaginemos que estuviera admitido que un informe significativo del mecanismo de detección de anomalías en las apuestas deportivas generado por las propias entidades, organismos independientes y el movimiento deportivo (cuya veracidad, necesidad, utilidad e importancia es innegable), más allá de la retirada preventiva de las apuestas sobre un evento y de la emisión de informes e incluso denuncias, generara la medida provisional de paralizar los efectos competicionales del encuentro o, más allá, habilitar un procedimiento disciplinario deportivo en el que de manera rápida, incluso como medida provisional a adoptar, generara la imposición de sanciones (pérdida del partido, descuento de puntos, descenso...) sobre la base de ese dato estadístico o cuantitativo. Sin más.

Imaginemos que la regulación disciplinaria deportiva date de 1990, con algunas reformas, pero que no se haya incorporado todavía ningún precepto específico para diferenciar los amaños de resultado competicional de los amaños de contenido económico, y por tanto no se haya diferenciado específicamente la responsabilidad de los clubes por actuaciones que pueden beneficiarles competicional o económicamente de las que, muy al contrario, les resultan por completo ajenas, pero en las que intervienen uno o varios jugadores suyos. Aunque algo al respecto ya hayan hecho Federaciones y Ligas en su normativa interna, a partir del tipo general legal y reglamentario.

Imaginemos que alguno de los sujetos que menciono en el primer apartado, obviamente desde países opacos y utilizando personas y entidades interpuestas, desestabilizan las apuestas de un partido del rival competicional apostando a un determinado resultado concreto del evento, motivando:

1) Que salten las alarmas y se genere el informe y las consecuencias previstas

2) Que si se da el resultado previsto que perjudica, quede absolutamente desvirtuado a todos los efectos.

Imaginemos sin embargo que esto no es así, sino que el informe lo que origina es un procedimiento disciplinario deportivo extraordinario en el que más allá de cifras y gráficas, haya que demostrar que realmente hubo participación de algún jugador, o de varios, o de la plantilla completa, en el hipotético amaño. Algo muy difícil porque en vía administrativa no se pueden exigir extractos bancarios, intervenciones de las comunicaciones, registros, etc.

Imaginemos además que en el Ordenamiento jurídico del país, el delito de corrupción deportiva (más allá de los criterios restrictivos habituales de los penalistas) está tipificado, aunque sea de manera un tanto insuficiente, y que este tipo de componendas sean constitutivas de delito, y que entonces sí se puedan investigar adecuadamente con todos los medios de que dispone la policía judicial.

Imaginemos que de las dos entidades interesadas en la limpieza del fútbol profesional una de ellas instara la penalización del fraude en el deporte, creara en su organigrama un órgano destinado a prevenirla y combatirla e incluso lo ofreciera más allá de sus competencias, actuando a favor del fútbol español en general. Imaginemos que la otra remitiera los hechos a Fiscalía cuando no eran constitutivos de delito sin investigar nada ni antes ni después del archivo, y que, posteriormente, no tuviera una actitud proactiva en la prevención y persecución de los amaños y corrupción en el fútbol, mirando hacia otro lado sin instar a sus órganos éticos o disciplinarios a actuar al respecto con decisión (dentro de sus limitaciones y de la necesidad de denunciar y suspender). E imaginemos que ahora las cosas han cambiado, que han creado un órgano similar y que la primera vez que haya tenido que actuar lo haya hecho en el sentido que le es exigible, instando la intervención de su órgano disciplinario.

Y para terminar, imaginemos que en tal caso el Ordenamiento jurídico prevé que la investigación judicial penal tiene preferencia sobre la disciplinaria deportiva, habiéndose habilitado al efecto que cuando se inicie la primera, la segunda debe suspenderse necesariamente. Lo que con total respeto por la legalidad vigente ha realizado el órgano disciplinario competente, el Comité de competición. Porque la tentación de ir en paralelo, a tenor de actuaciones que también podría realizar dicho órgano disciplinario a partir del informe recibido, ya se materializó hace algunos años en el "caso de los pasaportes falsos" y la respuesta del Tribunal Supremo, años después, fue contundente: la preferencia penal es incompatible con la continuación del procedimiento deportivo y con la imposición de sanciones: la suspensión es exigible.

Todas estas maniobras imaginativas no excluyen que podamos imaginar también que lo que ha sucedido es otra cosa mucho peor... o que un millonario haya decidido apostar de una determinada manera por capricho, o que alguien haya dado veracidad a un rumor o malentendido y generado un movimiento de apuestas, o... lo que queramos. El problema es que para sancionar o condenar, hay que probar, y desvirtuar por completo la presunción de inocencia (al menos en España).

Lo cierto es que los sistemas de detección de apuestas anómalas son fiables y muy importantes, pero su papel en el marco punitivo (sea penal o disciplinario) no puede ser el de prueba de cargo o documento con presunción de veracidad que invierta la carga de la prueba. Sería enormemente peligroso, y ello a pesar de que como hemos ido viendo en los últimos años, en diferentes ocasiones (más allá de los resultados oficiales de los procedimientos abiertos) existen cosas raras en nuestro fútbol, muy al contrario de lo que Ángel Villar sostenía y siguiendo el guión que mencionaba Javier Tebas, conforme al cual la Liga consiguió la criminalización de la conducta. Es un indicio, importante, de que algo raro ha habido, pero sólo en el seno de un procedimiento disciplinario deportivo (condenado al fracaso por sus limitaciones, salvo que existan confesiones complementadas con aportación de pruebas) o de una investigación penal (que es lenta y que a día de hoy no prevé la pena o medida provisional de descenso de categoría) en la que se demuestre la conducta concreta cometida en la competición y su/s autor/es, aplicando adecuadamente el principio de culpabilidad a la persona jurídica que se ve beneficiada o simplemente instrumentalizada (es decir, condenándola o no ahora que las personas jurídicas ya delinquen).

Dicho lo anterior, no podemos olvidar que en el supuesto en que todos estamos pensando no solamente se produciría un beneficio económico a las personas físicas interesados directos (apostantes y cómplices), sino una serie de beneficios y perjuicios que dejan un mapa muy curioso de posibles posiciones procesales de actor, sujeto pasivo o mero perjudicado:

  • Uno de los dos clubes obtiene un beneficio competicional directo, que sin embargo puede resultar irrelevante a tenor del resultado del último partido (si hubiera sido definitivo en éste, la consecuencia habría sido inmediata).
  • Terceros clubes pueden verse afectados (el que pudiera descender en una hipotética plaza que correspondiera al que disputó el partido objeto de apuestas). A día de hoy, podrían accionar todos, pero a partir del lunes, sólo los que desciendan. Sin perjuicio de la evidente alteración de las condiciones envolventes de la última jornada a partir de la clasificación de la que se parte, anímicamente, para plantear los partidos, etc.
  • El club en el que juegan los jugadores se puede ver privado de un beneficio competicional (el campeonato de liga) que además le genera un perjucio económico, a tenor de las normas de reparto de los beneficios obtenidos por la venta de los derechos audiovisuales (véase el art. 5 del Real Decreto Ley 5/2015; no es lo mismo ser campeón que segundo a efectos de reparto). La entidad sí se jugaba "algo".

Adecuar la legislación deportiva y penal a la gran amenaza del deporte de nuestros días, tanto profesional como aficionado (se apuesta a tercera división, a regional preferente, a juveniles...) es un reto que debe ser asumido rápidamente por el legislador y la Administración. Si no es en la ¿nueva Ley del deporte? cuyo futuro desconocemos ante las turbulencias de estos días, al menos mediante una urgente reforma legislativa, tanto estatal como autonómica (recordemos que las competiciones territoriales no están exentas de esta lacra y ahí la competencia no es estatal).

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