El Tribunal Constitucional anula la ley autonómica que impedía a la USJ implantar grados ya existentes en otras universidades

El Tribunal Constitucional ha anulado la ley del Gobierno de Aragón que impedía a la Universidad San Jorge la implantación de grados ya existentes en los campus públicos de Huesca, Teruel y La Almunia, lo que, según el fallo del TC, supone una vulneración del derecho constitucional de la USJ a ejercer su autonomía universitaria.

"El fallo sentencia que la norma del Gobierno de Aragón supera la “injerencia legítima” y produce una “limitación injustificada”

Con motivo de la implantación de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria en la Universidad San Jorge, el Gobierno de Aragón incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de 2016 un inciso que no permitía la duplicidad de grados universitarios en Aragón.

Esta medida, al adquirir rango de ley, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, para el que la norma limitaba el derecho constitucional a la autonomía universitaria y a la libertad de empresa. También precisaba que interfería “en las competencias estatales en materia de universidades” y era contraria “a la regulación económica de garantía de la unidad de mercado” y del “libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.

Ahora, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la ley impuesta por el Gobierno de Aragón restringe “intensamente” y “sin justificación”, la capacidad de la universidad “para establecer su estrategia docente y el modo de desarrollarla”. Además, insiste en el fallo en que “al tratarse de una prohibición absoluta” produce un efecto contrario a la Constitución, ya que limita injustificadamente “la autonomía constitucionalmente garantizada a las universidades privadas que, junto con las públicas, sirven al servicio público de educación superior”.

Para los magistrados, la ley que prohíbe la duplicidad de grados en Aragón no se encuentra justificada por ninguna razón admisible y supera “la injerencia legítima” del legislador autonómico, convirtiéndose por tanto en “una vulneración”.

De este modo, el Tribunal Constitucional concluye que la ley “ha de ser declarada inconstitucional y nula” y respalda la postura de la Universidad San Jorge, que siempre ha defendido su autonomía para desarrollar su propia oferta académica al margen de la oferta de otras universidades.