Flashes
Clamorosas contradicciones
Al mismo tiempo que reprochan a otras instancias la difusión de bulos, al Gobierno y a su entorno no les importa incurrir en clamorosas contradicciones.
En septiembre de 2020 el diputado Íñigo Errejón afirmó en la red social X que en los casos de violencia machista "no hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres". Cuatro años después, en noviembre de 2024, y acusado él mismo de agresión sexual, Errejón aseguró al juez que el suyo es un caso de denuncia falsa.
Para algunos no hay contradicción entre sus palabras, lo que ocurre es que Errejón se ha convertido a la derecha fanática (o siempre lo ha sido); para otros, de serlo, su caso sería la excepción que confirma la regla. O quizás lo que simplemente pasa es que, como decía Melibea en ‘La Celestina’, uno habla de la feria según le va en ella.
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El 14 de noviembre, la agencia de noticias EFE (empresa informativa cuyo principal accionista es el Estado) publicó en las redes que un helicóptero se había estrellado contra la torre de cristal de Madrid. Inmediatamente, algunos de los principales medios de comunicación españoles difundieron, sin contrastar, la noticia. Y poco tiempo después, la agencia eliminó el post y pidió disculpas señalando que se trataba de un error.
Cinco días después, también en las redes, la misma agencia informó del fallecimiento, que afortunadamente no se había producido, del escritor Fernando Aramburu, información que desmintió al poco rato.
En el contexto del debate sobre la desinformación y los bulos, el presidente de la agencia reconoció los efectos "profundos" y "desoladores" que tales errores suponían para la confianza en el medio.
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El poder se ha apuntado a la estrategia de la desinformación
Hace unas semanas conocimos la trágica noticia del fallecimiento en Masanasa de un trabajador que se encontraba haciendo tareas de limpieza en un colegio afectado por la DANA, al derrumbarse parte del edificio. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, saltó inmediatamente al ruedo de las redes para subrayar la indiscutible gravedad de lo sucedido y denunciar que "corresponde al deber empresarial la obligación de evaluar previamente los lugares de trabajo, adaptar todas las medidas preventivas necesarias y las tareas de coordinación obligatorias". Un deber que, a tenor del mensaje de la vicepresidenta, parecería haberse incumplido, pero en cuyo incumplimiento no sabemos si ella misma podría contemplar, siquiera sea indirectamente, algún tipo de responsabilidad, al tratarse de la empresa pública Tragsa, participada mayoritariamente por la SEPI y la Administración General del Estado. Aunque por el tono del mensaje no lo parece.
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Al mismo tiempo que reprochan a otras instancias la difusión de bulos, al Gobierno y a su entorno no les importa incurrir en clamorosas contradicciones
Con todo el país conmovido por los efectos de la catástrofe de Valencia y sacudido por las sospechas de corrupción sobre el Gobierno, el pasado 24 de noviembre los grandes periódicos nacionales encabezaban sus portadas con referencias al caso Aldama y sus posibles derivadas. No así el periódico ‘El País’, que ese mismo día titulaba a cinco columnas: "Un gran desafío para las democracias. La era de la desinformación". Como me decía J. C., esa parece ser la cada vez más desgastada estrategia de comunicación del Gobierno, y de sus orgánicos instrumentos de transmisión, para resolver la distancia cognitiva que genera la avalancha de noticias. La misma estrategia que la del protagonista del conocido chiste en el que va conduciendo en sentido contrario por la autopista y, al oír por la radio el aviso de que hay un loco conduciendo en dirección contraria, exclama: "Uno no... ¡todos!".
Menos yo, claro.
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De la comunicación en nuestro país y nuestro tiempo tal vez podría decirse aquello que escribía Randall Collins sobre las tradiciones intelectuales que viven de la política: que también mueren de ella.