IMPUESTOS Y PLUSVALÍAS
José Luis, vecino de Zaragoza, al fallecer su esposa tiene que pagar a las Administraciones Públicas 30.000 euros para poder seguir viviendo en su casa de siempre, 8.400 euros de impuesto de sucesiones y 21.075 de plusvalía al ayuntamiento. Un caso que pone de manifiesto lo injusta que resulta, en ocasiones, la distribución de impuestos entre los ciudadanos. El caso al que nos referimos presenta tres vertientes. En primer lugar, el sistema autonómico, tan desigual y arbitrario, que hace que los españoles tengan un trato diferente según la Comunidad en la que viven. Un segundo problema es el trato fiscal que reciben las familias que, en vez de verse beneficiadas y apoyadas como sostén principal de la sociedad, se sienten muchas veces vapuleadas.
Relacionado con lo anterior, otro problema serio se refiere a las clases medias, empobrecidas durante la crisis. Sostienen con sus impuestos a las administraciones públicas y sus servicios y, sin embargo, son los que soportan las nuevas cargas impositivas de gobiernos y ayuntamientos. Un reciente informe sobre fiscalidad autonómica, elaborado por el Consejo General de Economistas, ponía de manifiesto que Aragón se ha convertido en la tercera Comunidad autónoma que tiene unos impuestos más altos para las clases medias y bajas. Como publicaba Heraldo, la presión fiscal hacia los aragoneses se agravó en los primeros presupuestos aprobados por PSOE, CHA y Podemos, con una subida en la parte autonómica de todos los impuestos estatales sobre los que el Gobierno aragonés tiene alguna competencia: IRPF, Sucesiones, Patrimonio, Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. En Patrimonio los aragoneses son los que más pagan de España a partir de 400.000 euros. En sucesiones son los terceros. Mientras, la mayoría de los españoles van a tener en 2017 un régimen fiscal más favorable que en 2016.
Volviendo al caso que ha motivado este artículo, José Luis afirma que “se supone que todos los españoles somos iguales ante la ley. Pero en realidad hay mucha diferencia entre comunidades y entre ayuntamientos”. Concluye, con resignación, que en su tierra de origen, Navarra, todo esto le hubiera salido casi gratis, por lo que “al final tendremos que elegir donde morir para pagar menos”. Funcionar con normas fiscales distintas dentro del mismo Estado es un despropósito y una discriminación.