Ser y estar

Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 17 de septiembre de 2026

Cuando se es joven, como se tiene tiempo, ganas y poca experiencia, se suele discutir de todo y por todo hasta la extenuación, buscándole siempre tres pies al gato. Algunos recuerdan –e incluso presumen– de aquellas asambleas universitarias en las que se debatía sobre las condiciones del debate sin llegar a ninguna conclusión. Lo cual, visto hoy en perspectiva, tal vez era una sana costumbre.

En mi caso, a veces recordamos las discusiones que teníamos sobre si se podía pertenecer a algo sin formar parte de ello y viceversa: intervenir y tomar parte en algo sin implicarse o comprometerse de algún modo. Más claramente (y más de uno se sonreirá al leerlo), si se podía ‘ser’ de una asociación o una comunidad sin ‘estar’ en los grupos y actividades que la conformaban; y al revés, si se podía ‘participar’ en tales actividades sin ‘ser’ parte de esa comunidad. Ambas circunstancias –estar sin ser, ser sin estar– respondían a una forma indolora de entender la participación, que no incluyera deberes, en consonancia con las transformaciones de una sociedad en la que la militancia se convertía en voluntariado y la ciudadanía en clientela.

En el fondo, era como querer vivir en un piso sin tener que sufrir las consecuencias de formar parte de la comunidad de vecinos; o al revés, querer disfrutar los beneficios de la comunidad, como por ejemplo usar la piscina de la urbanización, sin tener casa, ni residir allí, ni pagar cuota alguna.

He recordado aquellas entelequias incomprensibles que inventábamos para justificar lo injustificable con ocasión del debate que se ha suscitado sobre la ‘ley de nietos’ y la suspensión cautelar del procedimiento que articuló, a todas luces ultra vires, la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que desarrollaba la ley. Un debate que se ha visto ampliado, si así puede decirse, por la aprobación de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los descendientes de los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española.

Dejando a un lado la discusión, más técnico-jurídica, sobre el procedimiento para impugnar la instrucción (que no la ley) y el alcance y las consecuencias de la suspensión cautelar de sus efectos, quizás conviene volver a reflexionar sobre la ley misma, y revisar el sentido que estamos dando a la nacionalidad y a la ciudadanía, ampliándola hasta límites que hacen difícilmente sostenible el Estado de bienestar (con la idea cada vez más extendida de un Estado que debe asistir a todos los pobres de la tierra) sino la nación y el Estado mismo.

Resulta curioso, además, que quienes abogan por esa extensión de la ciudadanía a personas que no mantienen ningún vínculo material con el país y que pueden acabar decidiendo las políticas del mismo a veces son las mismas que defienden, tal vez muy razonablemente, que hay que limitar o suspender esos derechos a quienes, por razones fiscales o de otro tipo, fijan su residencia en el extranjero, sean estos los youtubers que se van a vivir a Andorra, los deportistas que fijan su residencia en Suiza o los directores de orquesta que se empadronan en Portugal.

Que quienes no tienen ningún vínculo material con el país –por muy descendientes que sean de quienes sean– puedan decidir las políticas del mismo, sin sufrir sus consecuencias, es tan absurdo como que el régimen de la comunidad de vecinos lo decidan los descendientes de quienes vivieron alguna vez en esa urbanización (o que elijan al alcalde los descendientes de quienes en otro tiempo vivieron en esa ciudad).

Eso no significa que por razones históricas o de justicia algunas personas no puedan ver facilitado el acceso a la nacionalidad y la ciudadanía, pero a una ciudadanía real y no meramente formal. Para ser es necesario estar de algún modo. Tal vez por ello conviene recordar esa relación entre pertenencia y participación sobre la que, quizás sin advertir su alcance, discutíamos en nuestra juventud