LAS FAMILIAS Y LA EDUCACIÓN

Ayer una manifestación transcurrió entre la Plaza de Aragón y el edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés, para reivindicar la enseñanza concertada, como concreción más palpable de la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. La apoyaban la FECAPA –Federación de Padres-, la principal agrupación de los centros –Escuelas Católicas- y los sindicatos que representan a los trabajadores de los centros concertados. Es claro que la respuesta social está siendo considerable. Basta recordar que el pasado 9 de marzo la Federación de Padres colgó en la web una carta al presidente Lambán mostrando su indignación por una medida que consideraban ilegal e invitaban a las familias a firmar pidiendo que no se cierre ningún aula que tenga demanda de plazas. En 24 horas habían logrado casi 20.000 firmas.

Bien resumía la Confederación de Empresarios de Aragón el origen de todo el problema: “Tradicionalmente ha habido un entendimiento, que se ha enrarecido al vincular la aprobación del proyecto de presupuestos al cierre de hasta 28 vías en la concertada”. No cabe duda que el apoyarse únicamente en Podemos está llevando al PSOE, aquí y en otras comunidades y ayuntamientos, a una radicalización de sus posturas que no responde a la realidad política de una socialdemocracia abierta a todos los sectores que, por cierto, en el pasado se ha practicado en muchos aspectos.

Esta radicalización lleva a que las Cortes de Aragón aparezcan divididas en dos bloques en torno a la educación. PP, PAR y Ciudadanos defienden los conciertos actuales y que sea la demanda de los padres la que regule las unidades de infantil que deben seguir abiertas. El PSOE y los partidos más a la izquierda prefieren reconducir los nuevos alumnos hacia aulas de centros públicos, reduciendo la oferta de la concertada a pesar del interés de muchas familias. Por cierto, no se sabe cómo se casa esa posición con la propuesta del PP aprobada por la Cámara con 59 votos a favor y dos abstenciones donde se pide mantener en Aragón la actual red dual de centros sostenidos con fondos públicos y “preservar la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación acorde con sus propias convicciones”.

Difícil futuro tiene el acuerdo educativo que con tanto esfuerzo e ilusión se había impulsado desde el Consejo Escolar de Aragón.